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Catalunya es la segunda comunidad autónoma que menos invierte por habitante en su sistema sanitario y, a su vez, la segunda también con más incapacidades temporales por trabajadores
El número de trabajadores que faltan a su trabajo por una enfermedad se ha prácticamente duplicado en la última década en Catalunya. Los partes de baja han pasado de 1,3 millones en 2017 a 2,3 millones en 2024, últimos datos disponibles en la Seguridad Social a ejercicio completo, sobre una población trabajadora que ronda los 3,8 millones de personas. No es un fenómeno exclusivo del mercado laboral catalán, ya que también está creciendo en el conjunto de España y en las principales economías europeas. Si bien en Catalunya la proporción de bajas laborales aumenta por encima de la media española, alimentadas estas por la irrupción y proliferación de casos de salud mental –muchos de ellos hasta ahora invisibilizados- y por el 'tapón' en las listas de espera de la sanidad pública. Una tendencia que se traduce en problemas de salud para los trabajadores, problemas de gestión para las empresas y un creciente coste para las arcas públicas.
La propia conselleria de Salut reconoce que las largas listas de espera para acceder a las pruebas diagnósticas están dilatando las bajas laborales, especialmente de aquellas personas con problemas de salud mental u osteomusculares. Patologías ya con duraciones medias de retorno al trabajo elevadas, en comparación con el resto. El tiempo medio de una baja laboral para un trastorno mental son 81 días y para las lumbalgias, tendinitis, esguinces, hernias discales, artrosis o el síndrome del túnel carpiano, 52 días.
Es en este contexto en el que la conselleria que dirige Olga Pané se ha propuesto incentivar económicamente con un 5% más de presupuesto a los centros de atención primaria (CAP) que consigan acortar la duración, sobre todo, de estas dos tipologías de bajas. De alguna manera, busca premiar con más recursos a unos centros de atención que durante los últimos años han sufrido una desinversión progresiva. Según los datos que cita el sindicato UGT del propio Departament de Salut, Catalunya destina hoy 1.426 euros por habitante, cuando en 2010 destinaba 1.770 euros.
Menos dinero si se compara en clave interna y también si se compara con otros territorios, en tanto que Catalunya es la segunda comunidad autónoma que menor proporción de su PIB dedica a mantener su sistema sanitario. Una falta de recursos que dilata las listas de espera y contribuye a cronificar ciertas dolencias y explica, por ejemplo, que Catalunya sea, a su vez, la segunda comunidad autónoma con mayor número de bajas laborales por trabajador. Así lo refleja un informe al respecto presentado hace menos de un mes por Pimec y elaborado en base a datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por su parte, el Govern –que de momento no ha anunciado medidas específicas contra las listas de espera aunque el plan Cairos de reforma del sistema tiene entre sus prioridades una mejora de la accesibilidad– defiende que esta medida busca "agilizar las pruebas diagnósticas" y "diagnosticar más rápido". "Hay bajas largas por enfermedades que no estamos identificando. En el caso de dolores musculoesqueléticos, que cursan con dolor, a veces se tratan con Enantyum. Y en la salud mental, pruebas como un escáner o una resonancia cerebral para saber por ejemplo si tienes esquizofrenia son muy lentas", señalan fuentes de la conselleria a EL PERIÓDICO.
Controvertida medida
Un ejemplo: el tiempo de medio de espera para una resonancia magnética en Catalunya son 66 días, según cifras de diciembre del Servei Català de la Salut (CatSalut). Para una tomografía computarizada (TC), 54. Por su parte, para una visita al traumatólogo, hay una media de espera en Catalunya de 188 días (seis meses). El CatSalut no ofrece información de cuánta es la espera para el servicio de psiquiatría.
La medida de Salut —que de momento es una propuesta que aún debe ser validada y acordada y cuyos circuitos de actuación todavía están por definir— ha levantado una oleada de críticas tanto de sindicatos, como de asociaciones de la sanidad pública y partidos políticos, al considerar que "atenta contra la confianza social de las personas en sus profesionales referentes de atención primaria". ERC, Comuns y CUP ya han pedido la comparecencia de Pané en el Parlament. Consideran que lo que acabará provocando son "altas forzadas", algo que el departamento niega. No es la primera polémica que suscita una iniciativa de la consellera. Cuando colgó carteles en los CAP llamando a los ciudadanos a "hacer un uso responsable" de las bajas provocó el enojo de parte de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales. En el otro lado de la balanza, las patronales han aplaudido estas medidas.
Los nuevos incentivos que pretende Salut pueden provocar el efecto adverso que persiguen, en opinión del investigador de la UPF Ferran Muntané. Este docente, miembro de la comisión de expertos sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental en España creada por el Ministerio de Trabajo, alerta de que inculcar un incentivo a los médicos para reducir el tiempo de las bajas puede deteriorar la confianza respecto a los pacientes, ya que estos pueden ver que su interés por su recuperación no se basa solo en criterios médicos. "Ya sucede con los médicos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social", ejemplifica.
"En Suecia, una medida parecida logró reducir la duración de las bajas, pero generó mucha tensión entre los sanitarios. Es aventurado decir qué efectos tendrá aquí, pero puede aumentar el presentismo y la cronicidad de las dolencias"
Muntané cita el caso de Suecia, que en 2005 aplicó una reforma similar. "Logró reducir la duración de las bajas, pero generó mucha tensión entre los sanitarios. Es aventurado decir qué efectos tendrá aquí sobre la salud de las personas, pero puede aumentar el presentismo y la cronicidad de las dolencias", explica. El término presentismo define a aquellos trabajadores que van a trabajar pese a estar enfermos. Según la última 'Enquesta de qualitat i condicions de treball', sondeo elaborado por la propia Generalitat de Catalunya y publicado el pasado diciembre, más de la mitad de los catalanes, concretamente el 51,3%, afirma que durante el último año ha ido a trabajar estando enfermo.
"Medida cosmética"
Todos los centros de atención primaria tienen en su contrato una serie de objetivos por cumplir. Por ejemplo, uno de los objetivos es que el 95% de los niños del CAP estén vacunados del sarampión. O que haya un seguimiento de todos los pacientes con diabetes. Algunos de estos objetivos tienen una contraprestación económica.
Es justo lo que Salut busca ahora: incentivar económicamente con un 5% más a aquellos CAP que puedan reducir la duración de las bajas laborales en la salud mental y los problemas osteomusculares. Algunos centros de salud —sobre todo los nuevos centros de salud integral de referencia (CSIR), que tienen más autonomía— tienen la capacidad de hacer estas pruebas, pero otros no. Salut no ha especificado aún cómo va a diseñar este circuito.
"Las bajas están aumentando mucho, si bien la salud de la gente no está empeorando al mismo ritmo"
"Es un dato objetivo que el número de bajas está aumentando mucho", si bien "la salud de la gente no está empeorando al mismo ritmo que aumentan las bajas laborales", afirma el vicepresidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Sellarès, quien considera que esta realidad tiene un origen multicausal. "Por un lado, a veces hay personas que están de baja, quieren ir a trabajar pero están pendiente de una prueba o diagnóstico –afirma–. Por eso todo lo que nos permita mejorar las listas de espera será mejor".
También cree que está aumentando el "malestar psíquico" de muchas personas y el hecho de que en Catalunya haya 17 psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes –con un especial déficit de psicólogos clínicos– no permite cubrir la demanda creciente de servicios. Y señala que el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), el tribunal que revisa las bajas y da las altas, está "falto de recursos". Por este motivo también se acumulan los trámites y considera que el incentivo será una "medida cosmética".
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