Canal Curiosidades : DANA, un año después: ‘no se ha aprendido nada’, se sigue construyendo en zonas inundables sin medidas de adaptación al ‘cambio climático’

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A una semana de que se cumpla el primer aniversario del paso de la DANA por la Comunidad Valenciana, Amnistía Internacional alerta de que el riesgo sigue ahí.

Así lo ha manifestado Esteban Beltrán, director de la organización en España, alertando de que, según su informe, se sigue construyendo en zonas afectadas en las que las inundaciones podrían repetirse en cualquier momento, debido a que las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático.

«Se ha optado por un urbanismo exprés, volviendo a construir en zonas inundables, y el plan de riesgos ni siquiera se ha actualizado«, ha explicado. Por eso, ha concluído, «no se ha aprendido nada y no se está protegiendo a la gente«.

Resumen en siete puntos:

1. La reducción de las emisiones de CO2 procedentes del uso de petróleo, gas y carbón es la gran asignatura pendiente.
2. Las medidas de adaptación han sido escasas y se repiten los mismos errores: más de 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación donde se planifican nuevas construcciones.
3. Ecologistas defienden un Pacto de Estado frente a la Emergencia climática guiado por la ciencia que trascienda los ciclos políticos.
4. El derecho a la vivienda no fue debidamente protegido por las autoridades antes de la DANA y continúa sin serlo en la actualidad. Las autoridades estatales, autonómicas y locales han diseñado una normativa urbanística que ha permitido y sigue permitiendo la edificación en zonas inundables sin medidas eficaces de adaptación al cambio climático.
5. Organizaciones civiles y ambientalistas alertan de que, un año después de la DANA, no se ha aprobado la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) ni se han reformado normas estatales sobre gestión de riesgo de inundaciones. Por el contrario, las autoridades autonómicas valencianas han diseñado un urbanismo “exprés” que flexibiliza los procedimientos y permite continuar aprobando proyectos urbanísticos en los municipios afectados, poniendo en riesgo el derecho a la vivienda de las personas.
6. Alrededor de 60.000 personas migrantes víctimas de la DANA, muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados, se han encontrado con barreras estructurales para cumplir los requisitos de las ayudas como el empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Esa dificultad las discrimina de manera indirecta y les aleja de las ayudas y de su condición de personas afectadas.
7. La precaria situación económica de la mayoría de las personas afectadas por la DANA en barrios como Xenillet y La Mancha en el municipio de Torrent, junto con las barreras en el acceso a las ayudas, los derribos de viviendas y los retrasos en la reconstrucción, han agravado la marginación que sufrían previa a la riada.

Un año después de la DANA más devastadora de la historia de España

A pesar de algunos avances positivos, el país sigue sin estar preparado para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Este es el balance principal con motivo del primer aniversario de la DANA que asoló parte del este y sur peninsular, mató a 237 personas y provocó daños devastadores.

En cuanto a la adaptación, se valora positivamente los avances en la cultura de la prevención, como la inclusión de la educación en emergencias en la enseñanza que se ha comenzado a aplicar este curso 2025-2026, la mejora en el uso y la comunicación a la ciudadanía de los sistemas de alerta temprana, así como la aprobación del Real Decreto de “permisos climáticos” que permite aumentar la protección de las personas trabajadoras ante un evento extremo.

Sin embargo, para no seguir cometiendo los mismos errores, el foco de actuación debe situarse en la gestión del territorio, dada la elevada concentración de población y de infraestructuras básicas en zonas inundables.

Se considera inaceptable cualquier paso atrás en la protección de la ciudadanía frente al riesgo climático, especialmente los retrocesos en materia urbanística, como la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Gobierno valenciano solo un mes después de la tragedia que permite agilizar los trámites municipales para la construcción en zonas inundables sin informes previos de riesgo.

Las precipitaciones extremas ya no son episodios excepcionales, sino el reflejo de la actual crisis climática que exige adaptar nuestras ciudades y territorios con urgencia.

No se puede permitir que se siga construyendo en zonas de riesgo o que se ignore el papel protector de la naturaleza. Y tampoco podemos permitirnos no aprender después de lecciones tan duras como las que nos dio la DANA.

Más de 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación

Según un informe reciente de organizaciones ecologistas, más de 2,7 millones de personas en España viven en zonas con alto riesgo de inundación y se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios.

Se reclama la obligatoriedad de revisar y adaptar todos los planes generales de ordenación urbana anteriores a 2015 (hasta ahora exentos) para incorporar informes de inundabilidad y mapas de riesgo de inundación vinculantes con el objeto de declarar las zonas inundables como no urbanizables.

La renaturalización de los ecosistemas fluviales y de los entornos urbanos es otro componente esencial en el que aún no se ha avanzado. El papel del humedal de l’Albufera como barrera natural frente al avance de la inundación demostró la necesidad de restaurar ecosistemas y reforzar la protección ambiental como principal línea de defensa ante los eventos meteorológicos extremos.

Del mismo modo, aumentar la permeabilidad de los municipios es fundamental para reducir y ralentizar el flujo del agua por calles y barrios, y esto debe ser parte del proceso de reconstrucción.

Greenpeace recuerda que muchos municipios afectados por la DANA no contaban con planes locales de adaptación al cambio climático. Es urgente avanzar en el diseño de planes de adaptación integrados y multisectoriales, que consideren los distintos riesgos a los que se enfrenta un municipio. Para ello se necesitan financiación, herramientas y colaboración entre administraciones, ya que muchos municipios no cuentan con recursos propios suficientes para abordar los cambios necesarios.

Por otro lado, se denuncia que la mitigación es la gran asignatura pendiente para hacer frente a la crisis climática. El año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron sólo un -0,5 % a nivel estatal, muy lejos de la reducción mínima anual del 7 % necesaria durante esta década crítica.

Aunque las emisiones se redujeron gracias a la bajada del consumo de gas (-4,2% en 2024 ), debido principalmente al mayor uso de las renovables frente al gas fósil para la producción eléctrica, el consumo de petróleo sigue siendo muy elevado en sectores como el transporte.

Estas cifras dejan patente la falta de efectividad de las políticas públicas para acelerar el abandono de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), principales causantes del cambio climático.

Se exige que las grandes empresas de la industria fósil asuman su responsabilidad en la crisis climática y cambien sus negocios hacia una descarbonización real y rápida. Además, exige que contribuyan mediante nuevos instrumentos fiscales a la reconstrucción ante desastres como la DANA, la adaptación para evitar peores consecuencias futuras y la aceleración de la transición energética y ecológica.

Mientras las petroleras como Repsol se llenan cada año los bolsillos con beneficios multimillonarios, las personas sufen un evento extremo tras otro, como las miles de familias que han sufrido la DANA de hace un año.

Esto tiene que cambiar, las vidas humanas tienen que estar por encima de los beneficios privados. Las corporaciones energéticas han de tener planes de descarbonización obligatorios, reales y rápidos.

Además, se deben aprobar nuevos impuestos a la industria de los combustibles fósiles para hacer frente a esta emergencia climática.

Finalmente, se vincula estas demandas con la propuesta del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que debe ser un marco de consenso duradero, transformador amplio y transversal entre todos los agentes sociales, no monopolizado por los partidos políticos, pero sí recogido por la mayoría de ellos, guiado por la ciencia y capaz de trascender los ciclos políticos.

El cambio climático ya no es una amenaza futura: es una realidad cotidiana. Lo vimos con la DANA de 2024, pero también con las olas de calor o los incendios de este verano.

Necesitamos que la industria fósil asuma su responsabilidad y que se impulse un acuerdo de país que priorice la vida y el bienestar de las generaciones presentes y futuras por encima de los intereses cortoplacistas. ECOticias.com