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En el registro de la habitación en la que dormía los agentes encontraron "trofeos" de las víctimas como ropa interior, móviles o tarjetas de crédito
El tribunal desestimó "el 90% de las pruebas" porque el registro de la habitación del acusado se realizó sin su abogado
El condenado por una doble violación en Gavà y Castelldefels en 2005 que este jueves dejó la cárcel tras 20 años en prisión sin estar rehabilitado y con alto riesgo de reincidencia, según servicios penitenciarios, pudo atacar a una veintena de mujeres antes de su detención. Así lo consideraban los investigadores policiales que arrestaron a Jamal Amin en 2005 tras registrar la habitación en la que dormía en una hípica de Gavà. Allí trabajaba sin contrato cuidando caballos.
Según fuentes de la investigación, el condenado, que entonces tenía 18 años, coleccionaba "trofeos" de sus víctimas, como ropa interior, documentos, fotografías o teléfonos móviles. Los agentes de la Policía Nacional encontraron objetos que podrían pertenecer a otras mujeres, principalmente prostitutas y turistas. Consideran que muchas no habían denunciado "por miedo".
Los investigadores remarcan que Amin actuaba siempre de la misma forma. De noche circulaba en bicicleta por zonas poco transitadas entre Gavà y Castelldefels, donde aprovechaba las circunstancias para atacar a mujeres. En la mayoría de casos actuaba con la cara tapada y las amenazaba con una navaja. Tras la agresión sexual, a algunas también les robó.
Trampa
La situación creó tanta alarma en la zona en verano de 2005 que la policía ideó una trampa para cazarlo. Una agente de Policía Nacional actuó de 'cebo' y así lo pudieron atrapar. El 20 de agosto de 2005, los agentes accedieron a la habitación en la que dormía y la registraron. Allí descubrieron indicios que apuntaban a que Amin, de nacionalidad marroquí, presuntamente podría haber cometido más agresiones sexuales. Sin embargo, esta diligencia judicial se practicó sin estar su abogado presente, por lo que la Audiencia de Barcelona consideró que se había realizado "sin las garantías propias del proceso penal para un detenido" y la invalidó.
"Más del 90% de la prueba no se pudo utilizar", explican fuentes judiciales. Además, aseguran que al condenado "le podrían haber caído más años" de cárcel. "Tiene perfil de psicópata, de violador en serie, es un monstruo". Cuando asaltó a dos amigas que paseaban juntas al lado del Canal Olímpico de Castelldefels el cerco se estrechó sobre él.
Condenado por el ADN
Finalmente, Amin fue condenado por dos agresiones sexuales a dos mujeres en Gavà y Castelldefels. "La prueba de cargo ha sido clara y contundente. Las declaraciones testificales de las víctimas han sido de claridad meridiana", remarca la sentencia de la Audiencia de Barcelona de 2007, que impuso al condenado 32 años y medio de prisión por las dos agresiones sexuales y un robo con violencia cometidos entre julio y agosto de 2005.
Para condenarlo, el tribunal tuvo en cuenta los restos de ADN hallados en las víctimas. El juzgado de Gavà que instruyó el caso ordenó que se recogieran muestras biológicas del detenido cuando se encontraba en prisión provisional en la cárcel de la Trinitat. Al cotejarse, detectaron coincidencias.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que la primera violación, cometida a una turista holandesa, tuvo lugar el 29 de julio de 2005 sobre las 22.45 horas en el paseo Marítimo de Gavà. El sospechoso amenazó a la víctima, que estaba de vacaciones, con una navaja, y la condujo a una zona de arbustos. El tribunal remarcó que Amin había actuado con "suma brusquedad" para retirarle el "instrumento anticonceptivo" y agredirla sexualmente.
El tribunal considera que se trató de un acto "especialmente vejatorio y perverso porque el autor despreció los medios anticonceptivos que usaba la mujer y, deliberadamente, la puso en riesgo de embarazo, lo que en esas circunstancias supone una afrenta más allá de la ocasionada a la libertad sexual de la mujer".
Extrema violencia
El 18 de agosto de 2005, sobre las 21:45 horas, el sospechoso abordó a dos mujeres en la avenida del Canal Olímpico de Castelldefels. En esa ocasión llevaba la cabeza cubierta con un pasamontañas, se lanzó sobre ellas y las amenazó con una navaja mientras tiraba una al suelo y la arrastraba tras unos arbustos. A la otra mujer le ordenó que se tumbara en silencio bajo amenaza de matar a su amiga. El condenado violó de forma muy violenta a la mujer y le provocó heridas. Antes de irse le robó el bolso con el teléfono móvil.
Los magistrados remarcaron entonces que el condenado actuó "con un modus operandi semejante al anterior, aunque en este caso hubo un plus de violencia física y moral, pues se amedrentó a dos personas con una amenaza de muerte que la víctima directa siempre creyó". Además, señalan que la mujer sufrió lesiones físicas y secuelas psíquicas como ansiedad o depresión.
Para el tribunal, las dos agresiones sexuales probadas "superan la gravedad propia de esos delitos" debido a la violencia e intimidación extrema y gratuita con las que se cometieron. Por este motivo, la Audiencia de Barcelona le impuso el tramo más alto del tipo penal. También fue condenado a pagar una multa de 270 euros por las lesiones a una de las víctimas y a indemnizarlas con 20.000 euros por daños morales.
Debate abierto
Veinte años después, su excarcelación ha activado las alertas, por lo que el preso podría ser objeto de una discreta vigilancia policial. Desde 2009 existe un protocolo entre el Departament de Justícia y la Fiscalía Superior de Catalunya para presos por delitos violentos que acceden a la libertad y acusan un elevado riesgo de reincidencia, según la evalucación de los servicios de tratamiento penitenciario. En estos casos, se alerta a la fiscalía para que, si lo considera necesario, inste a los Mossos d'Esquadra a que adopten medidas respecto al exconvicto, tales como que deba comunicar su domicilio o pasar controles periódicos.
También se contacta con las víctimas para que tengan conocimiento de que su agresor ha salido de la cárcel. La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima trabaja, a través de las oficinas de atención de la zona en la que residen las afectadas, para conseguir mecanismos extraordinarios de protección si son necesarios.
Más allá de eso, el caso ha reabierto el debate sobre cómo acompañar a este tipo de agresores para que el derecho a la reinserción –teniendo en cuenta el elevado riesgo de reincidencia acreditado– no colisione contra el derecho a la seguridad y protección de terceras personas.
De hecho, expertas y especialistas en violencia sexual cuestionan que los condenados por agresión sexual no estén obligados a seguir programas de intervención específicos, ya que son voluntarios. Los datos de reincidencia en delitos sexuales son dispares. Un estudio del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) de 2023 apunta a que los excarcelados por delitos de este tipo registran una de las tasas de reincidencia más bajas (el 5,3%). Sin embargo, según Instituciones Penitenciarias, la tasa de reiteración en agresiones sexuales es del 22%, la cuarta más alta, por detrás de los robos, el tráfico de drogas y la violencia de género.
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