En los últimos meses, los aeropuertos de Barcelona-El Prat y de Madrid-Barajas han copado titulares por una problemática similar: la situación de centenares de personas sin hogar que han convertido sus instalaciones en su residencia habitual, acarreando problemas de higiene y convivencia tanto entre los pasajeros como entre el personal que trabaja en ambos aeródromos.
Los dos aeropuertos están gestionados por Aena, pero la respuesta que se está dando a la crisis en un caso y en otro es muy distinta. Si bien en Madrid la crisis lleva días escalando, con tensiones y reproches cruzados entre el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento –y a nadie se le escapa el distinto signo político de unos y otros ejecutivos–, en el caso de Barcelona, Aena y los responsables políticos ya están trabajando en la solución del problema.
Así se desprende de la comparecencia en el Parlament de Cataluña del secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Raúl Moreno, esta semana. En su intervención frente a la cámara legislativa, Moreno dio algunas cifras: a finales de 2023 se alcanzó el máximo histórico, con 181 personas pernoctando en El Prat, un número que ha ido bajando desde que se empezó a actuar.
En enero de 2024 había 112, y este 2025 han identificado a 108 personas. Es más, según un reportaje in situ del diario El País, esta semana la cifra era incluso menor: apenas una cincuentena larga de personas sintecho.
En abril de este año, después de meses de negociaciones, Aena consiguió firmar un convenio con la Generalitat y estos dos ayuntamientos para recuperar estos equipos. El acuerdo llega en un momento en que hay, además, afinidad política entre las tres administraciones: el PSC gobierna a los dos lados de la plaza Sant Jaume de Barcelona, y la alcaldesa de El Prat de Llobregat pertenece a los Comunes, que es la marca de Sumar en Cataluña y aliados naturales de los socialistas.
Este nuevo plan nace con intención de que se note sobre el terreno, y muestra de ello es la dotación presupuestaria: si bien el importe entre 2012 y 2021 fue de unos 81.800 euros anuales, esta vez la Generalitat transferirá 516.000 euros a los dos ayuntamientos: de estos, 384.000 irán a Barcelona y 132.000, a El Prat. El consistorio barcelonés actuará en las dos terminales y en los aparcamientos, mientras que El Prat se ocupará de casos de proximidad.
El objetivo es derivar a las personas que duermen en el aeropuerto a los servicios sociales adaptados a sus necesidades económicas. «Desde que pusimos en marcha el primer dispositivo para tareas higiénico-sanitarias entre el 25 y el 27 de febrero [una actuación previa al Mobile World Congress], hemos podido marcar las líneas de actuación. Un equipo formado por dos técnicos de servicios sociales elaboró un censo, identificaron patologías y definieron un perfil de las personas que pernoctan», señalaba Moreno en el Parlament.
Según los datos ofrecidos por Moreno, un 75 % de los sintecho del aeropuerto son hombres, un 45 % tiene la nacionalidad española y la gran mayoría –un 65 %– está en situación administrativa regular. Solamente un 54,8 % tiene el padrón vigente, y un 42 % tiene indicios de trastorno mental.
Esta colaboración entre Aena y los responsables políticos en Cataluña contrasta con lo que se está viendo en Barajas, donde casi 500 personas sin hogar usan las instalaciones para pernoctar y la situación no tiene visos de mejora a corto plazo. Este jueves se conocía que Aena reforzará las medidas de control y restringirá el acceso a las terminales en determinados horarios a los pasajeros y los acompañantes.
Mientras, los gobiernos dirigidos por Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso –junto al consistorio liderado por José Luis Martínez-Almeida– siguen enfrentándose sobre qué administración debe asumir la atención a estas personas vulnerables. Hace meses, Aena ya alertó a las administraciones autonómica y municipal sobre el incremento de personas sin hogar que pernoctan en el recinto, instándolos a intervenir.
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